Respecto a la necesidad de introducir cambios en la Justicia, creo pertinente comenzar planteando que este escrito, surge de una ponderación “silvestre” de sucesos que componen nuestra vida. No tienen como plataforma una formación en el Derecho (no estudié abogacía) sino que surgen de la simple (y compleja) tarea de vivir en sociedad, leer diarios y sobresaltarme con las noticias.
Una de ellas fue el detonante para dar forma a este texto (nota de Mariana Carabajal en Página12, 1-7-13)
Un hombre acusado de haber abusado de sus hijos había sido sobreseído dos veces por la Justicia. Pero ahora, la Cámara de Casación revocó esa decisión porque en la investigación el juez nunca había escuchado a los chicos. Y ordenó que tenga en cuenta lo que dicen.
El padre de los niños fue sobreseído por el juez Zelaya por el beneficio de la duda y posteriormente, el 29 de agosto de 2011, la Cámara de Apelaciones ratificó ese fallo. Desde entonces, la jueza de Familia Villaverde ordenó que se reanudara el vínculo entre los chicos y el padre, bajo amenaza de reversión de la tenencia en su favor, si los nenes no cumplían.
En ese contexto, la madre fue denunciada penalmente por obstruir el vínculo del padre con los hijos. Villaverde ordenó a mediados de 2010 que la “revinculación” se hiciera en la Comisaría de Familia de Lomas de Zamora. Y en otras oportunidades dispuso que los chicos fueran trasladados en un móvil policial, pero como los hermanitos se pusieron a llorar cuando una uniformada los fue a buscar a su casa y se negaron a subir al vehículo, el operativo se suspendió, según consta en el expediente. Los abogados de la madre presentaron el año pasado en el Tribunal de Familia “prueba nueva” para fundamentar la suspensión de la revinculación, que consiste en testimonios y dibujos de los chicos, y expresiones dichas en la escuela, que darían cuenta de los abusos sexuales. Pero no fueron tenidos en cuenta.
“La Sala IV de Casación no sólo revocó el sobreseimiento del imputado, sino que cuestionó la valoración que hizo el juez de primera instancia de la prueba de cargo y le indicó las medidas de instrucción que debe tomar, y agregó que debe hacerlo ‘con la mayor celeridad’”, destacó en diálogo con este diario el abogado de la querella, Gallego, que representa a la madre de los niños. La Convención, que impone a todos los poderes del Estado replantearse el rol de los niños y niñas en los procesos judiciales, abandonando el vetusto paradigma tutelar en el que quedaban insertos”.
Creo que los jueces hablan a través de sus fallos, y no solo de las leyes, sino del modo en que ellas son interpretadas.
Así Carlos Rozanski no deja dudas respecto a este fallo que coincide con su posición en temas esenciales como son la violencia de género y el abuso sexual a niños. En relación a este caso se expresa:
La Convención sobre los Derechos del Niño es el logro legal más importante de todos los tiempos. Es la convención que más adhesiones obtuvo en el planeta con la sola exclusión de Estados Unidos, que es el único país que aún no la ratificó. De la riquísima normativa que contiene se destacan el principio rector, que es la protección integral de los niños (art. 19) y su derecho a ser escuchados (art. 12). El desafío más grande que sin duda significan estas normas es que quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas no sólo las conozcan, sino que además tengan la sensibilidad y capacitación adecuadas para hacerlo correctamente. En ese sentido, la clara diferencia que la propia Real Academia de la Lengua establece entre dos palabras habituales en nuestro idioma adquiere una relevancia tan grande que pueden significar para una niña o niño la diferencia entre sufrir o no sufrir, entre vivir o morir. Así, señala la RA: “Escuchar: Poner atención o aplicar el oído para oír (algo o a alguien)”. Por tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intencionalidad del sujeto, a diferencia de oír, que significa, sin más, “percibir por el oído (un sonido o lo que alguien dice)”. La obligación de los jueces de escuchar a los niños no puede ser en nuestro país ni eludida ni reducida a una mera formalidad como la de poner la oreja “oyendo” y no escuchando. A veces, hay magistrados que acertadamente deciden escuchar.1-7-13, Página12
Si Rozanski señala la diferencia entre escuchar y oír, esto es a partir de la dificultad de otros para hacerlo, y que con su sordera devalúan el testimonio de niñas y niñas, dejándolos expuestos a la continuidad de abusos.
En su desempeño ante los crímenes de lesa humanidad también sienta su posición respecto de lo justo:
Así en un diálogo se plantea respecto a Etchecolatz:
¿Etchecolatz formó parte del sistema de exterminio o era un monstruo?
“La magnitud de los hechos y la saña con la que se hicieron puede hacer pensar que se alejan de la humanidad los que lo hacen, la realidad es que no se alejan tanto como para no estar en el banquillo. Por otra parte en estos casos, para cometer estos delitos necesitan sacarle la categoría de humano a la víctima. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Son seres humanos los que cometieron estos delitos contra otros seres humanos. Y en este tipo e delitos se está afectando a la humanidad toda”. Werner Pertot: “Carlos Rozanski, presidente del Tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz. El Juicio fue la suma de la Historia” Página12. 1 de octubre de 2006
También Daniel Rafecas ha expresado claramente en el desempeño en el juicio a las Juntas su perspectiva, con citas a Hanna Arendt, respecto a la banalización del mal en aquellos años de plomo. Años equivalentes a los de aquel nazismo que supimos transitar.
Entre los procesados por Rafecas no hay personajes conocidos. Se trata de oficiales de carrera, profesionales formados en el seno de instituciones históricas de nuestro país y se desempeñaron como guardias y torturadores. “¿No sería más feliz –citó el juez a Bauman- si hubiera podido demostrarse que todos los que lo hicieron estaban locos?.... Sin embargo, esto es, precisamente lo que es incapaz de demostrar. La verdad que saca a la luz no proporciona ningún consuelo. Fueron hombres de su tiempo y educados. Este es el quid de la cuestión cada vez que reflexionamos sobre el significado de la civilización occidental después de Auschwitz.
Rafecas mencionó el análisis que hizo la pensadora Hanna Arendt sobre el rol de Adolf Eichmann en el Holocausto. “Escuchamos las afirmaciones de la defensa en el sentido de que tan solo era una “ruedecita” en la maquinaria de la Solución Final, así como las afirmaciones de la acusación, que creía haber hallado el verdadero motor de aquella máquina. El tribunal reconoció en su sentencia que el delito juzgado únicamente podía ser cometido mediante el empleo de una gigantesca organización burocrática que se sirviera de recursos gubernamentales. Pero en cuanto a las actividades en cuestión constituían un delito, todas las ruedas de la máquina, por insignificantes que fueran, se transformaban, desde el punto de vista del tribunal, en autores, es decir, en seres humanos”. - Victoria Ginzberg: “Un ámbito aislado donde el terror podía fluir”. Página12. 22 de octubre de 2000
Arendt constató que las peores atrocidades y los más aberrantes crímenes pueden ser cometidos por personas que cumplen acríticamente el deber. Como en la “obediencia debida” de nuestras leyes de impunidad. Como puede ser atroz y aberrante el ejercicio de una ¿justicia? al no escuchar a un niño abusado o a una víctima de la trata.
* * *
Cito a Rozanski y a Rafecas sòlo como ejemplos de lo que pueden ser las ideas de justicia, en algunos jueces que pudieron dar a conocer su posición en entrevistas, en escritos accesibles al común, y sobre todo a través de sus fallos.
Deben existir como ellos muchos otros integrantes del poder judicial honestos y lúcidos. En estos tiempos, ellos suelen ser cuestionados como “garantistas” por otros, por quienes aspiran a una “mano dura” en la aplicación de la justicia, sobre todo cuando se trata de “ladrones de gallinas”.
Pero además de ellos, insospechados por su desempeño, en este escrito me propongo también, y por contraste, recordar a estos otros, (¿como los ya citados Zelaya y Villaverde?) que ¿con diferente formación? ¿con diferente desempeño? ¿con diferente idea de lo que es justo? me suscitaron las siguientes reflexiones.
Me refiero también a los que absolvieron en Tucumán a los enjuiciados luego de la ardua lucha de Susana Trimarco, que habiendo rescatado a muchas mujeres y jóvenes de las garras de la trata, sigue impotente respecto a saber de su hija Marita Verón.
El escándalo de semejante fallo implicó condenas de todos los sectores sociales y llevó a que se solicitara el pedido de destitución de los integrantes de dicho tribunal. Así lo planteó en su denuncia Susana Trimarco.
Oportunamente se les había ofrecido a los jueces la posibilidad de capacitarse en el tipo particular de problemática en las víctimas de trata, atendiendo a que iban a testimoniar, algunas de ellas. Desde la arrogancia de quienes creen que no tienen nada que aprender, descartaron dicha capacitación. Y se manejaron en su desempeño sin la totalidad de herramientas de que hubieran podido disponer. (Se compara a las víctimas de violencia, y la trata entre ellas, a las víctimas de los campos de concentración por su estado estuporoso, propio de las circunstancias y que afectan su capacidad discursiva y la coherencia de sus testimonios)
A partir de la decisión de Susana Trimarco de llevarlos a juicio, ¿dos de ellos intentan soslayar esa cuestión? Se supo que tras el pedido de destitución, Herrera Molina había renunciado a su cargo, aduciendo problemas de salud. De aceptarse, el juez hubiera quedado al margen del juicio político planteado.
También Alberto Piedrabuena presentó su dimisión fundamentándolo en el propósito de jubilarse.
El enrarecimiento en torno a estos sucesos aún no se ha despejado. Pero fue contundente la respuesta que el fallo generó, convocando un repudio generalizado que esa noche, replicó en protestas en las principales ciudades del país.
“Anonimus: En otra de sus enigmáticas acciones, la organización decidió denunciar a los integrantes de la Sala II de la Cámara Penal Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, cuyos datos se dieron a conocer minutos después de la lectura del veredicto”. Pág. 12 Enero 2013
También vale recordar a los jueces que condenaron a las hermanas Jara, que habiendo cumplido su condena, a todas luces injusta, deben cruzarse con su acosador, en el barrio al que volvieron al salir de la prisión. Acosador conocido por su conducta violenta, cercano a la seccional 5 y presunto traficante de drogas en la zona.
El tribunal, integrado por los jueces Fernando Bustos Berrondo, Graciela Larroque y Marcos Barski, las condenó como "coautoras penalmente responsables del delito de lesiones graves a la pena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento, que se encuentra compurgada con la preventiva sufrida.
Página12 Marzo 2013
Y fue un camarista de Mar del Plata, ostentoso pilar de la sociedad en tiempos oscuros, con una inserción en tanto su poder económico y su ascendiente en la justicia, el que mantuvo silenciada una situación de abuso. Las niñas abusadas, lo fueron cuando eran compañeras escolares de sus propias hijas.
Un ex camarista de Mar del Plata, integrante de una conocida familia de la ciudad balnearia, fue denunciado por abuso sexual. Una docena de amigas de sus hijas, sobrinas y vecinas –ya adultas– relataron en forma contundente en la Justicia que en su infancia, cuando tenían entre 6 y 12 años aproximadamente, el entonces juez Edmundo O’Neill abusó sexualmente de ellas. La causa se abrió en 2004, pero cerró en 2006, sin condena, “al encontrarse extinguida la acción penal por el paso del tiempo”. En el expediente, el acusado admitió que había hecho “algo incorrecto”. Mañana O’Neill tiene previsto firmar ejemplares de un libro de su autoría en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires Página12 , 3-5-13
Y son otros los jueces que como ´los mencionados absuelven a los violadores y dudan de las víctimas, sobre todo si son mujeres y pobres.
Recientemente fueron planteados por Mariana Carabajal (1-7-13, Página12) dos casos de jueces que imponen arbitrariamente trabas en la investigación de la explotación de mujeres en prostíbulos.
Uno fue en La Pampa y llegó al surrealismo de definir las “whiskerías” como refugios espirituales. El otro es en Rosario y tiene en común la enorme falta de voluntad de investigar y castigar un delito grave.
Dos jueces federales ponen trabas para investigar el delito de trata de mujeres para explotación sexual en causas en las que están involucrados funcionarios públicos. Los casos, en La Pampa y en Santa Fe, muestran cómo por acción u omisión, los magistrados están frenando pesquisas que llevan adelante fiscales federales. Y así favorecen a un jefe comunal y a policías, algunos de alto rango, imputados de proteger redes prostibularias que se aprovechan de la vulnerabilidad social y económica de jóvenes de zonas pobres del país, para convertirlas en esclavas sexuales. También benefician a dueños de burdeles.
En La Pampa, el juez Marcelo Piazza negó ya en dos oportunidades el pedido de indagatoria del intendente de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, y de quien fuera titular de la comisaría de esa localidad en 2009, Carlos Adrián Alanís. El magistrado desobedece una orden de la Corte Suprema de Justicia, que el 5 de julio de 2011 ordenó profundizar la responsabilidad de ambos funcionarios involucrados en la posible comisión del delito de trata. Alanís actualmente está al frente de la Comisaría Departamental de General Acha, según el organigrama que figura en la página web oficial de la Policía de La Pampa.
En Santa Fe, dos fiscales federales acusaron al juez federal No 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, de “impedir el avance de una investigación” sobre trata de mujeres para explotación sexual, en la que se detectó, a través de escuchas telefónicas, presunta connivencia entre el propietario de un burdel ubicado en la vera de la Ruta Provincial No 93, cerca de la localidad de Firmat, con funcionarios del Área de Seguridad de ese municipio, como también de la comisaría local y de la Jefatura de la Unidad Regional VIII de Policía con sede en Melincué.
En el prostíbulo, conocido como La Quinta, Gendarmería realizó el 16 de mayo un allanamiento y encontró a seis mujeres que estaban en situación de prostitución, explotadas sexualmente, y que serían víctimas del delito de trata, de acuerdo con las evidencias recolectadas durante la investigación que llevó adelante la fiscalía federal No 2 de Rosario, a cargo de Juan Murray –quien actúa como subrogante– y del fiscal ad hoc Federico G. Reynares Solari.
* * *
Decía que los jueces se conocen. Entre otras cosas, por sus fallos. También por sus fallas. Pero quienes estamos por fuera del ejercicio especializado, propio de la profesión de abogado y que conocemos del tema desde el llano, solo por lecturas y experiencias, vamos a tientas. Y los criterios con los que se define la inocencia o culpabilidad, y que podemos expresar, son solo una opinión, sin duda, teñida de subjetividad. Pero esos fallos y esas fallas nos dan una idea respecto a quienes imparten qué justicia, para quiénes y con qué argumentos.
Y convengamos que lo hermético del lenguaje de los especialistas, no diluye la sensación de desajuste en el ejercicio de qué justicia, sobre qué cuestiones, y teniendo como acusados a qué ciudadanos/as.
Justicia que excluye ostentosamente de condenas a aquellos calificados por Galeano como Wasp: anglosajones, blancos, protestantes y ricos. Entre nosotros: de ascendencia europea, blancos, católicos y …sí, ricos.
Es claro que por razones que habría que revisar las cárceles no albergan a delincuentes con esas características, y no porque no existan.
¿Será el momento de revisar los criterios desde los que se imparte justicia?
¿Será el momento de examinar a esa élite de género y clase que compone el poder judicial para para ajustarlo a modos más genuinos de pensar el delito y pensar a los administradores de justicia?
Tal vez los cambios que anhelo plantear tengan que ver con cómo concebir la justicia, ¿qué es?, ¿qué significa? ¿cómo aplicarla? Y no solo a los criterios para direccionar la formación de los magistrados. La búsqueda de justicia como razón para la existencia de dichos aparato de poder, en su función de acercar esa equidad es lo que podemos soñar. Y para ello la discusión se plantea como imprescindible.
Discusión que hasta ahora resulta inquietante para muchos, si significa acabar con privilegios. Impensable desde la idea de una justicia en abstracto, atada a las leyes pero poco enraizada a la realidad. Sí puede ser concebida esa discusión, como construcción de una sociedad que toma conciencia de que el derecho no es un área de intocables semidioses, sino resultado de valores que inspiran leyes que deben aplicarse en este mundo y a personas concretas, con una historia, con necesidades y con proyectos de vida. Si quienes aplican esas leyes (como muchos de los jueces mencionados) no pueden pensar y evaluar desde la realidad, solo brindarían un flaco servicio.
Esa discusión debiera ser abierta e implicar a todos: a los que conocen de leyes, pero sobre todo a los que deben recibir justicia. Justicia no como proviniendo de enigmas indescifrables y arbitrarios, ni producto de la elucubración de semidioses, sino resultado de una ponderación humana de sucesos y de protagonistas.
Debiera incluir sobre todo a la gente que demanda desde el llano, víctima de causas que no se resolvieron o que esperan interminablemente la sustanciación de sus causas, y que exige cambios. Porque la justicia, así, no es justicia.
La actitud paternalista, o la actitud soberbia encaramada en supuestas jerarquías, no elimina ni disminuye la necesidad de respuestas claras. Ante la confusión de una burocracia kafkiana, tras la que se parapetan sus ministros cuando la injusticia es flagrante, ante las deficiencias por desconocimiento o subestimación de la realidad, ante la ineptitud para el ejercicio en funcionarios y los espurios intereses de clase, debiera abrirse la discusión.
La maquinaria judicial me remite, bajo sus peores facetas a la idea de la “siniestra ruedecita”, en el engranaje de otras maquinarias infernales (Hanna Arendt fue muy explícita) Maquinarias en queda diluida la responsabilidad de quienes solo cumplían ¿cumplían? su deber. Cumplimiento (cumplo y miento) que encubre así la falta de verdadero servicio. ¿A qué servicio me refiero? A aquel que se ciñe a la ley escrita por los poderes (despóticos) o a la necesidad de justicia de los más débiles?
Hablo desde el llano, acusando el confuso lenguaje hermético de los especialistas, la arbitrariedad de algunos de sus fallos, la arrogancia que se ostenta en la negativa de revisar los modos de funcionamiento, revisión cada vez más perentoria. Ya que se nos ha dejado afuera a los ciudadanos que, no obstante, sabemos de la inequidad, podemos pensar y queremos que se nos escuche.
M. C. M. 3-7-13
Post Scriptum
El 12 de Julio encontré publicado en Página 12 este texto que profundiza mis planteos, y no resisto la tentación de incluirlo
EL PAIS › LA PROCURADORA Y LA DEFENSORA GENERAL INAUGURARON UNA ESCUELA JUDICIAL
La Justicia como servicio
Alejandra Gils Carbó y María Stella Maris Martínez explicaron que la Escuela de Servicio de Justicia ofrecerá estudios de posgrado y maestrías que se diferenciarán de los tradicionales, ya que la enseñanza apuntará “a la gestión y no al academicismo aséptico”.
La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y la defensora general, Stella Maris Martínez, dirigirán una Escuela de Servicio de Justicia, que inauguraron ayer. Se llama así porque será un ámbito de formación basado en “la revalorización de la administración de justicia como servicio público”. Ofrecerá estudios de posgrado y maestrías que se diferenciarán de los tradicionales, ya que la enseñanza apuntará “a la gestión y no al academicismo aséptico que se ve en algunos claustros universitarios”, explicó Gils Carbó. Allí podrán estudiar, en forma gratuita, no sólo defensores y fiscales, sino jueces, empleados y operadores judiciales y aspirantes a ingresar al sistema de Justicia.
“Los magistrados no deben ser burócratas a quienes la vida les pasa por el costado”, dijo Gils Carbó en un acto inaugural que se hizo en el Banco Nación, y explicó que el enfoque en enseñar para la “gestión” se debe a que “la magistratura se aprende en la trinchera”. “La Justicia es un servicio, no puede haber jueces a los que haya que dirigirse como ‘excelentísimo magistrado’. En el Ministerio Público Fiscal eso está prohibido, a los fiscales se les dice ‘señor fiscal’, y a mí se me dice ‘señora procuradora’”, comparó.
Martínez dijo que apuesta a que quienes estudien en esta escuela tengan “un perfil de alguien que sepa mucho, pero con altísimo grado de compromiso social, porque si no tiene compromiso social con los vulnerables, si no entiende lo que es acceso a la Justicia, será un buen burócrata, pero nunca llegará a ser un buen juez o un buen defensor o un buen fiscal”. Se ofrecerá, dijo la defensora, un “alto nivel técnico, pero no va a ser una carrera teórica, no vamos a formar docentes universitarios, vamos a formar jueces, fiscales y defensores, que no necesariamente es lo mismo”. “Hay juristas que carecen de espíritu crítico, porque son docentes, pero nunca le vieron la cara a un preso o nunca oyeron llorar a la madre de uno, y esos son los que forman a los futuros magistrados”, subrayó. La carrera, remarcó, será interdisciplinaria y con espíritu práctico. “Será revolucionaria”, celebró.
La escuela comenzará a funcionar en el segundo semestre y ofrecerá cursos variados y tendrá una Carrera de Especialización en Magistratura, que dictará junto con la Universidad de La Matanza y que dirigirá la jueza del superior tribunal de la ciudad de Buenos Aires Alicia Ruiz. El Consejo Ejecutivo lo integran Javier De Luca, fiscal de Casación, y Gabriel Ignacio Anitua. En el Consejo Académico están Julio Maier, Raúl Zaffaroni, Víctor Abramovich, Alejandro Alagia, Alberto Binder, Gustavo Bruzzone y Omar Palermo. También hay juristas internacionales: el italiano Luigi Ferrajoli y el portugués Antonio Cluny.
De Luca explicó que un cambio cultural en el ámbito judicial no se logra si no se generan ámbitos y modelos nuevos, diferentes, de enseñanza. “El problema es que, de lo contrario, se sigue reproduciendo el sistema, que enseña de manera formalista y estructurada”, sostuvo en diálogo con Página/12. “Lo que se busca, además, es enseñar cuestiones jurídicas y prácticas para la aplicación del derecho con un contenido ideológico, que sea democrático, progresista, que apunte a limar las desigualdades, a luchar contra la corrupción y que sea favorable a los derechos humanos.” “Los posgrados tradicionales se quedan en cuestiones teóricas a veces importadas, que no funcionan bien en nuestra geografía y que no profundizan en buscar la raíz de los temas. No es lo mismo analizar un piquete con los estándares del artículo 194 del Código (que castiga el corte de vías de comunicación) que los de la libertad de expresión. O ¿cómo explico el secuestro del avión de Evo Morales? Si lo explico con la criminología mediática de Zaffaroni veo que el mensaje es que en cualquier lugar del mundo pueden bajar un avión”, señaló De Luca, fiscal de Casación.
“Queremos para esta escuela que forme el carácter de los magistrados y trabajadores para que tengan pasión por el derecho y plena conciencia de lo que sociedad espera y necesita de la Justicia”, se esperanzó la procuradora. Martínez también destacó que habrá capacitaciones para los asistentes sociales, médicos y psicólogos que trabajan en los ministerios públicos. La defensora lanzó en este punto una crítica hacia la Corte Suprema, “que no nos deja usar muchos servicios, y vamos a tener nuestros médicos, nuestros peritos, y espero que lo hagamos con el Ministerio Público Fiscal”.
En el acto de ayer participó también el rector de la Universidad de La Matanza, Daniel Martínez, y estuvieron presentes el ministro de Justicia, Julio Alak, y su número dos, Julián Alvarez. El juez Zaffaroni mandó una carta de adhesión a la creación de la escuela.
ACERCA DE JUECES Y DE LA JUSTICIA (ABUNDANDO CON LA COMPILACIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS) Página 12
Sobre jueces
El tribunal, integrado por los jueces Fernando Bustos Berrondo, Graciela Larroque y Marcos Barski, las condenó como "coautoras penalmente responsables del delito de lesiones graves a la pena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento, que se encuentra compurgada con la preventiva sufrida.(sobre las hermanas Jara. Marzo 2013)
Anonimus: En otra de sus enigmáticas acciones, la organización decidió denunciar a los integrantes de la Sala II de la Cámara Penal Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, cuyos datos se dieron a conocer minutos después de la lectura del veredicto. Enero 2013
Un ex camarista de Mar del Plata, integrante de una conocida familia de la ciudad balnearia, fue denunciado por abuso sexual. Una docena de amigas de sus hijas, sobrinas y vecinas –ya adultas– relataron en forma contundente en la Justicia que en su infancia, cuando tenían entre 6 y 12 años aproximadamente, el entonces juez Edmundo O’Neill abusó sexualmente de ellas. La causa se abrió en 2004, pero cerró en 2006, sin condena, “al encontrarse extinguida la acción penal por el paso del tiempo”. En el expediente, el acusado admitió que había hecho “algo incorrecto”. Mañana O’Neill tiene previsto firmar ejemplares de un libro de su autoría en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires Página12 , 3-5-13
SOCIEDAD › DOS CASOS DE TRABAS JUDICIALES PARA INVESTIGAR LA TRATA Y EXPLOTACION DE MUJERES EN PROSTIBULOS Página12
Cuando la Justicia es un freno
Uno fue en La Pampa y llegó al surrealismo de definir las “whiskerías” como refugios espirituales. El otro es en Rosario y tiene en común la enorme falta de voluntad de investigar y castigar un delito grave.
Por Mariana Carbajal
Dos jueces federales ponen trabas para investigar el delito de trata de mujeres para explotación sexual en causas en las que están involucrados funcionarios públicos. Los casos, en La Pampa y en Santa Fe, muestran cómo por acción u omisión, los magistrados están frenando pesquisas que llevan adelante fiscales federales. Y así favorecen a un jefe comunal y a policías, algunos de alto rango, imputados de proteger redes prostibularias que se aprovechan de la vulnerabilidad social y económica de jóvenes de zonas pobres del país, para convertirlas en esclavas sexuales. También benefician a dueños de burdeles (ver aparte).
En La Pampa, el juez Marcelo Piazza negó ya en dos oportunidades el pedido de indagatoria del intendente de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, y de quien fuera titular de la comisaría de esa localidad en 2009, Carlos Adrián Alanís, con un argumento inaudito: el magistrado dice que como es subrogante y no sabe si seguirá subrogando, no va a decidir. “Sostener que no habrá de convocar a indagatoria al intendente y al comisario en ejercicio hasta que ‘... se defina por sí o por no su continuidad en el cargo’, es una excusa tan inverosímil como improcedente”, señalaron Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex), y Juan José Baric, fiscal federal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de La Pampa, al pedir por tercera vez al juez Piazza la indagatoria de ambos funcionarios. Además, recordaron que de esa forma el magistrado desobedece una orden de la Corte Suprema de Justicia, que el 5 de julio de 2011 ordenó profundizar la responsabilidad de ambos funcionarios involucrados en la posible comisión del delito de trata. Alanís actualmente está al frente de la Comisaría Departamental de General Acha, según el organigrama que figura en la página web oficial de la Policía de La Pampa.
SOCIEDAD › DOS FISCALES DE ROSARIO LO IMPUTAN POR IMPEDIR UNA INVESTIGACION Página 12
El caso del juez acusado
Por Mariana Carbajal
En Santa Fe, dos fiscales federales acusaron al juez federal No 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, de “impedir el avance de una investigación” sobre trata de mujeres para explotación sexual, en la que se detectó, a través de escuchas telefónicas, presunta connivencia entre el propietario de un burdel ubicado en la vera de la Ruta Provincial No 93, cerca de la localidad de Firmat, con funcionarios del Area de Seguridad de ese municipio, como también de la comisaría local y de la Jefatura de la Unidad Regional VIII de Policía con sede en Melincué.
En el prostíbulo, conocido como La Quinta, Gendarmería realizó el 16 de mayo un allanamiento y encontró a seis mujeres que estaban en situación de prostitución, explotadas sexualmente, y que serían víctimas del delito de trata, de acuerdo con las evidencias recolectadas durante la investigación que llevó adelante la fiscalía federal No 2 de Rosario, a cargo de Juan Murray –quien actúa como subrogante– y del fiscal ad hoc Federico G. Reynares Solari. Sin embargo, a pesar de la abundante prueba incorporada al expediente, el juez federal No 4 de Rosario no imputó ni al hombre que estaba al frente del local, Luis María Godoy, ni al dueño, Carlos “Cacho” Cámara, porque entendió que no se trataba de un prostíbulo, aunque las mujeres tenían “pases” con clientes-prostituyentes, dejaban el 50 por ciento de lo que ganaban al dueño del local y durante la “plaza”, el tiempo por el cual habían sido vendidas, no podían regresar a sus casas. El magistrado alegó que las mujeres están ahí por propia voluntad, de acuerdo con su declaración testimonial, sin ponderar la situación de extrema vulnerabilidad económica en la que se encontraban. El magistrado llegó a sostener que las mujeres elegían darle el dinero al encargado del local “únicamente por motivos de seguridad”
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ACERCA DE LOS JUECES Y LA JUSTICIA 1-7-13 Página12
La Convención sobre los Derechos del Niño es el logro legal más importante de todos los tiempos. Es la convención que más adhesiones obtuvo en el planeta con la sola exclusión de Estados Unidos, que es el único país que aún no la ratificó. De la riquísima normativa que contiene se destacan el principio rector, que es la protección integral de los niños (art. 19) y su derecho a ser escuchados (art. 12). El desafío más grande que sin duda significan estas normas es que quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas no sólo las conozcan, sino que además tengan la sensibilidad y capacitación adecuadas para hacerlo correctamente. En ese sentido, la clara diferencia que la propia Real Academia de la Lengua establece entre dos palabras habituales en nuestro idioma adquiere una relevancia tan grande que pueden significar para una niña o niño la diferencia entre sufrir o no sufrir, entre vivir o morir. Así, señala la RA: “Escuchar: Poner atención o aplicar el oído para oír (algo o a alguien)”. Por tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intencionalidad del sujeto, a diferencia de oír, que significa, sin más, “percibir por el oído (un sonido o lo que alguien dice)”. La obligación de los jueces de escuchar a los niños no puede ser en nuestro país ni eludida ni reducida a una mera formalidad como la de poner la oreja “oyendo” y no escuchando. A veces, hay magistrados que acertadamente deciden escuchar.
* Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.
En diálogo con el juez Rozansky se plantea respecto a Etchecolatz:
¿Etchecolatz formó parte del sistema de exterminio o era un monstruo?
“La magnitud de los hechos y la saña con la que se hicieron puede hacer pensar que se alejan de la humanidad los que lo hacen, la realidad es que no se alejan tanto como para no estar en el banquillo. Por otra parte en estos casos, para cometer estos delitos necesitan sacarle la categoría de humano a la víctima. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Son seres humanos los que cometieron estos delitos contra otros seres humanos. Y en este tipo e delitos se está afectando a la humanidad toda”. (133) 133- Werner Pertot: “Carlos Rozanski, presidente del Tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz. El Juicio fue la suma de la Historia” Pág. 12. 1 de octubre de 2006
30-6-1
El juez federal Daniel Rafecas procesó en octubre del 2005 a quince represores involucrados en violaciones a los derechos humanos en los centros clandestinos El Atlético, El Banco y El Olimpo, entre ellos el subcomisario Samuel Miara y el comisario Roberto Rosa.
“Las condiciones de vida y de muerte en los centros clandestinos de detención de la última dictadura eran por sí mismas actos de torturas. “
Los centros clandestinos El Atlético, El Banco y El Olimpo, fueron analizados por el juez como una unidad, en que miembros de los grupos de tareas operaron en forma coordinada. Fueron sitios, que funcionaron en diferentes épocas, actuaron las mismas patotas y fueron mudados los elementos de tortura y hasta algunas víctimas
En julio del 2006 continuó con el reconocimiento por el juez federal Daniel Rafecas a la excavación realizada donde funcionó el centro clandestino Club Atlético.
El hallazgo de Documentos de Inteligencia en el Centro clandestino de detención Automotores Orletti, que habían permanecido escondidos durante treinta años se efectuó en agosto de 2006.
“Era como si las paredes hablaran. Nos quedamos asombrados”
El centro clandestino “Automotores Orletti”, fue uno de los lugares de destino de los secuestrados en el marco del Plan Cóndor de coordinación de Políticas represivas en el Cono Sur.
La reconstrucción de lo vivido en los centros y del juicio a los responsables continúa y forma parte de la tarea imprescindible a completar.
Entre los procesados por Rafecas no hay personajes conocidos. Se trata de oficiales de carrera, profesionales formados en el seno de instituciones históricas de nuestro país y se desempeñaron como guardias y torturadores. “¿No sería más feliz –citó el juez a Bauman- si hubiera podido demostrarse que todos los que lo hicieron estaban locos?.... Sin embargo, esto es, precisamente lo que es incapaz de demostrar. La verdad que saca a la luz no proporciona ningún consuelo. Fueron hombres de su tiempo y educados. Este es el quid de la cuestión cada vez que reflexionamos sobre el significado de la civilización occidental después de Auschwitz.
Rafecas mencionó el análisis que hizo la pensadora Hanna Arendt sobre el rol de Adolf Eichmann en el Holocausto. “Escuchamos las afirmaciones de la defensa en el sentido de que tan solo era una “ruedecita” en la maquinaria de la Solución Final, así como las afirmaciones de la acusación, que creía haber hallado el verdadero motor de aquella máquina. El tribunal reconoció en su sentencia que el delito juzgado únicamente podía ser cometido mediante el empleo de una gigantesca organización burocrática que se sirviera de recursos gubernamentales. Pero en cuanto a las actividades en cuestión constituían un delito, todas las ruedas de la máquina, por insignificantes que fueran, se transformaban, desde el punto de vista del tribunal, en autores, es decir, en seres humanos”. (130)
Arendt constató que las peores atrocidades y los más aberrantes crímenes pueden ser cometidos por personas que cumplen acríticamente el deber. Como con la “obediencia debida” de nuestras leyes de impunidad.
130- Victoria Ginzberg: “Un ámbito aislado donde el terror podía fluir”. Pág. 12. 22 de octubre de 2005
Viernes, 27 de septiembre de 2013
PERFILES > J.N.C.
La revictimizada
Por Sonia Tessa
Nunca le creyeron. Quizá porque no se expresa con la contundencia esperada por sus señorías. O porque su vida no le permite mostrar un pasado de novela rosa sino una suma de vulnerabilidades. J.N.C. tenía 15 años en septiembre de 2010, cuando estuvo dos semanas cautiva en un rancho de San José del Rincón, una ciudad que es casi la continuación de la ciudad de Santa Fe. El 2 de octubre, una oficial de la comisaría 14ª la encontró en la casa de Miriam Villalba. Le llevó unos cuantos días a la chica poder relatar que le habían pegado y obligado a mantener relaciones sexuales. Por el caso fueron procesados Villalba, dos de sus hijos, Cristian Di Stéfano y Darío Cañete, así como el policía José Maza, de la misma seccional 14ª. Cañete y Maza, además, estaban acusados de violación. El procesamiento, confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones, llegó a juicio oral en agosto. El 16 de septiembre, el Tribunal integrado por María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Miguel Abásolo, absolvió a todos los acusados. El lunes 23, Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas, dieron a conocer los fundamentos de la sentencia, unas 70 páginas destinadas a demostrar –así se leen– que la denunciante miente.
“Toda vez que el elemento de cargo fundamental ha recaído en los dichos de J. N. C. –que han ido mutando en cada una de las ocasiones en las que declaró–, su relato entra en crisis imposibilitando la reconstrucción de lo realmente acaecido”, dice el voto de Ivón Vella, al que adhirieron los otros jueces, con una diferencia planteada por Escobar Cello, que sí quería condenar a Villalba por ocultar a la menor. “Aun dando por válido el testimonio de J.N.C. –dice la magistrada, dejando en claro que no le creyó–, y considerando la vulnerabilidad derivada de su edad y condiciones socioculturales, la insuficiencia probatoria referida impidió demostrar que dicha vulnerabilidad se usó intencionadamente o se aprovechó de otro modo para captar, transportar, trasladar, acoger o recibirla con el fin de explotarla sexualmente.” No alcanzó que la psicóloga del Centro de Asistencia Judicial, Laura Manzi, confirmara la veracidad del relato de la chica, ni que la médica Amalia Calvo haya dado cuenta de las lesiones sufridas. El fiscal Martín Suárez Faisal apelará el fallo, convencido de que el delito estuvo suficientemente probado.
Los magistrados siempre creyeron que la niña fabulaba. El 27 de mayo autorizaron una pericia psiquiátrica a la víctima, a pedido de la defensa. Una intervención del fiscal Suárez Faisal, junto con el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, Marcelo Colombo, lo rechazó por revictimizante y logró que la Cámara de Casación Penal la dejara sin efecto. Para sus señorías, la palabra de J.N.C. valía poco.
No es ninguna novedad en la Justicia argentina. El 27 de enero de 1931, la Cámara integrada por los jueces Oribe, Ortiz de Rozas y Coll sentenciaron que no se pudo comprobar la asociación ilícita y sobreseyeron a 105 integrantes de la red de trata Zwi Migdal, denunciados el último día de 1929 por Raquel Liberman.
En noviembre de 2004, los camaristas Ernesto Pangia, Alberto Bernardini y Eduardo Sorrentino desprocesaron a Diego Parvluczyk, subjefe de la Policía Federal de Rosario, principal sospechoso del asesinato de Sandra Cabrera. Los camaristas descalificaron los testimonios de las compañeras de Sandra por su “estilo de vida”.
En la misma línea, el 11 de diciembre del año pasado, los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, de la Sala II de la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán, sobreseyeron a todos los acusados por el secuestro de Marita Verón.
Para los administradores de justicia, son las víctimas de trata las que deben probar su inocencia. Y el delito de la trata es tan inasible que el lunes, mientras manifestaban contra la sentencia frente al Tribunal Federal de Santa Fe, cuatro mujeres y un hombre fueron detenid@s. L@s llevaron varias horas a la Comisaría 1ª. Los efectivos se envalentonaron diciendo que allí, en la comisaría, mandan ellos. Lo mismo que dicen los proxenetas en los prostíbulos.
Página/12
Domingo, 15 de diciembre de 2013
SOCIEDAD › TRES HERMANAS DENUNCIARON POR ULTRAJE A SU ABUELO, UN EX CAMARISTA CIVIL QUE PERTENECE A UNA RECONOCIDA FAMILIA JUDICIAL
El juez que abusaba de sus nietas después de ir a misa
Los abusos se cometieron durante siete años en la casona del magistrado jubilado, en Vicente López. Fue condenado a ocho años de prisión, que cumple en esa misma casa, y ahora las tres víctimas reclaman una indemnización.
Por Mariana Carbajal
Una mansión de tres plantas sobre la calle Gaspar Campos, en Vicente López, fue el siniestro escenario de los reiterados abusos sexuales perpetrados por un ex camarista civil sobre tres de sus nietas, desde que eran niñas hasta su adolescencia. Cada domingo, cuando recibía a su numerosa familia para el tradicional almuerzo –después de haber ido todos a misa–, el abuelo, Félix Romeo de Igarzabal, aprovechaba para estar a solas con cada una de ellas, en alguna habitación, para abusarlas y envolverlas en un oscuro pacto de silencio. “Esto es un secreto entre nosotros dos hasta que me muera”, les decía cada vez que las abusaba. De lunes a viernes, hasta hacía algunos años ocupaba uno de los despachos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, custodiado por un crucifijo. Ultracatólico, integrante de una conocida y acaudalada familia judicial de San Isidro, De Igarzabal fue condenado a ocho años de prisión por aquellos hechos que se prolongaron durante siete años y dejaron heridas todavía abiertas en las vidas y en las almas de sus nietas. Por su edad –tiene 92 años y ya está jubilado como magistrado– cumple la pena en la misma casa donde cometió los aberrantes delitos. La sentencia fue dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 4 de San Isidro, en un juicio abreviado. Sus nietas reclaman ahora una indemnización por daño psicológico y moral, en una causa que tramita en el Juzgado Civil N° 1. Pero el abuelo se resiste a allanarles el camino con el argumento de que el delito prescribió. La demanda enfrentó a las nietas con el resto de su familia –uno de sus tíos es juez y otro secretario en el fuero civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– porque temen perder parte de la herencia que esperan recibir cuando De Igarzabal se muera.
El caso refleja dos características del abuso sexual infantil: que en la mayoría de los casos los victimarios son personas del círculo íntimo de las víctimas, y que es un delito que atraviesa todos los sectores sociales, y ocurre también en “las mejores familias”. Y puede ser cometido por hombres supuestamente honorables para la sociedad, como un camarista del fuero civil.
De Igarzabal fue condenado –por unanimidad de los tres integrantes del tribunal– por los delitos de “abuso deshonesto agravado por el vínculo reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo en concurso real entre sí”, por hechos cometidos entre los meses de mayo de 1999 y enero de 2006, contra las tres nietas. El veredicto fue dictado el 26 de septiembre de 2012 por los jueces Hernán San Martín, Osvaldo Rossi y Federico Ecke, pero recién trasciende ahora. “Cuando salió la condena yo sentí que rompí cadena. Hasta ese momento sentía que caminaba encadenada”, graficó una de las víctimas.
Las chicas ya son jóvenes y tienen actualmente 20, 24 y 26 años. Los abusos los sufrieron en la mansión de “Veco”, como le dicen en la familia al ex camarista, una casa de tres plantas, amplio jardín arbolado, pileta y dos quinchos, ubicada en Gaspar Campos 468, en la zona más residencial de Vicente López. Allí crecieron la madre de las tres víctimas y sus nueve hermanos. De Igarzabal y su esposa Lita tuvieron diez hijos. Y cada uno de ellos, entre seis y diez hijos. El dormitorio del abuelo y el sótano de la mansión fueron algunos de los sitios donde perpetró los abusos contra sus nietas, según contaron las jóvenes. A una de ellas se la llevaba siempre a su dormitorio, en el primer piso, después de cada almuerzo dominical, con la excusa de buscar caramelos para repartir entre los presentes. Era un ritual. La niña se resistía, porque sabía lo que vendría después: los abusos y la exigencia de silencio. Sus propios padres, y el resto de la gran familia que disfrutaba de la sobremesa, esperaban que fuera para recibir luego los dulces.
Un ángel
Las tres hermanas detestaban lo que les hacía “Veco”. Como suele pasarles a chicos y chicas que viven situaciones semejantes, se preguntaban si sería normal ese tipo de actitudes de parte de su abuelo. Dos de ellas recuerdan que se dieron cuenta de que estaban sufriendo abusos sexuales leyendo un artículo sobre el tema en el diario, ya adolescentes. Pero ninguna de las tres sabía que “Veco” tenía la misma conducta con las demás. El pacto de silencio que les imponía surtía efecto. Hasta que una de las tres, la menor, en su pubertad, un día estalló en llanto y contó sus sufrimientos a una de sus hermanas. Y así, poco a poco las tres fueron hablando, contando sobre aquellos horrores. El apoyo de amigas y de sus novios de la adolescencia –que les reafirmaban que lo que su abuelo les había hecho estaba mal–, las ayudó a pedir ayuda terapéutica para poder salir adelante, en un contexto familiar que prefirió acallar los abusos sexuales perpetrados por el patriarca de la familia.
Al enterarse, hasta la madre de las chicas –hija de “Veco”– y su padre les plantearon que tenían que perdonar a su abuelo. Recién en el último tiempo las han acompañando en su pelea judicial.
Con el tiempo, las tres hermanas se fueron dando cuenta de que los abusos incluso eran más extendidos: otras integrantes de la familia les fueron contando que también habían sufrido los mismos abusos. En lugar de cortar lazos con “Veco”, el resto de la familia eligió el camino del perdón por aquellos sucesos, el mismo camino que algunos tíos pretendieron que ellas siguieran. Y las mandaron a hablar con “curas” para sanar sus heridas. A pesar de la presión familiar, las tres hermanas decidieron denunciarlo en la Justicia, el terreno donde durante años De Igarzabal gozó de prestigio y autoridad. Cuentan que las impulsó un abogado, entrenador de su hermano menor de rugby del San Isidro Club (SIC), luego de enterarse por boca del padre de las chicas lo que “Veco”, es decir, su suegro, había hecho con sus hijas, cuando eran niñas y adolescentes. Ese abogado penalista, Eduardo “Coco” Oderigo, fue como un ángel salvador para las tres hermanas y puso en real dimensión la gravedad de lo que habían padecido.
La denuncia fue presentada en 2010, unos tres años después de que empezaran a sacar a la luz aquellos episodios tan dolorosos. Pero antes de hacerlo, el hermano mayor de las chicas –en total son ocho hermanos– invitó a sus tíos a una reunión, en un salón parroquial de una iglesia Don Bosco, en San Isidro, y les informó que llevarían el caso a la Justicia. La novedad generó mucho enojo en la familia y la dividió: algunos tíos buscaron que desistieran de su decisión de denunciarlo por temor a las consecuencias del escándalo que podría generar, si trascendía la presentación en los tribunales, tratándose de una reconocida familia judicial de San Isidro. Entre tíos y primos suman nueve abogados. El hijo mayor de “Veco”, Félix G. de Igarzabal es titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 85 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exponente del pensamiento clerical y antiderechos, este magistrado a comienzos de marzo de 2010 anuló uno de los primeros matrimonios igualitarios realizados en la Ciudad, previo a la sanción de la ley, resolución que le costó una denuncia de parte de otra colega, la jueza porteña Elena Liberatori, ante el Consejo de la Magistratura porteño y de la Nación. Otro de los tíos de las chicas, Francisco, es secretario en el N° 106 del mismo fuero.
El cuarto mandamiento
Por aquellos días en que tomaron la decisión de denunciarlo, una de las hijas de Veco y madrina de una de las víctimas, le escribió a su ahijada. Del texto del correo electrónico se desprende el posicionamiento familiar frente a los hechos y que ella se había enterado también de que sus propios hijos podrían haber sido abusados por el abuelo, pero que lo perdonaban. “Tenés razón que has sufrido una aberración muy grande, lo reconocemos, sabemos que hizo una herida muy fuerte, pero cuidado que si tocamos mucho una herida, puede convertirse en una úlcera, algo más grande y feo. Reconocerla, saber que está, no esconderla, y luego,... adelante!! la vida sigue... con esa herida, sí, con esa herida”, le dijo la tía, a una de las tres hermanas, por entonces adolescente, que le había reprochado el silencio familiar frente a los abusos sexuales cometidos por “Veco”. El email sigue así: “Nunca escondimos nada ni hicimos pacto de silencio. La noticia nos cayó como baldazo de agua fría, increíble, yo tenía idolatrado a mi padre, me dolió mucho, pataleé, lloré, corrí a hablar con médicos y curas y de a poco, con mucha prudencia, fuimos hablando con nuestros hijos, respetando sus intimidades y ofreciéndoles todo nuestro apoyo y siempre hablando con la verdad, con mucho dolor y con mucho amor, mostrando que fuimos tan engañados como ellos”, dice la tía. Y agrega: “Y te sorprenderá que sigamos visitando a mis padres. Tengo muy claro el cuarto mandamiento, donde Dios nos pide honrar a padre y madre. No los voy a abandonar, menos en su vejez. La vida es así, con traumas y bendiciones. Yo recibí de ellos el don de la vida y la vida en la fe. Qué de contradicciones!!! Parece una locura, pero no los voy a abandonar, es lo que me tocó. Y recibí de ellos valores muy lindos”.
“Veco” pidió a las tres nietas que lo denunciaron que le tuvieran misericordia. Se los dijo en unas breves cartas que les escribió a mano alzada, fechadas el 1 de diciembre de 2010, cuando ya la causa penal estaba en curso. Una de las chicas quemó la carta que le mandó, como expresión de enojo hacia su abuelo. Las otras dos las guardaron y las presentaron en la investigación judicial. Las notas fueron sometidas a pericias caligráficas durante el juicio y se corroboró que era la letra del ex camarista. En esos textos, De Igarzabal no se hace cargo de su conducta. A una de las nietas le dijo: “Lamento haber permitido que pasara tanto tiempo sin darme cuenta que te había dañado. Recién ahora tomo conciencia y pido perdón. Apoya a tus padres, que te necesitan, y ten misericordia de mí”. A otra le dijo: “Te pido perdón por haberte lastimado. No tengo explicación ni justificación”.
Sordera
En los últimos años, el abuelo pagó la terapia psicológica de las nietas que abusó. Hasta que supo que le habían iniciado una demanda civil en la que le reclaman una indemnización por el “daño moral” y el “daño emergente” que les provocaron los abusos sexuales. Esa demanda generó una nueva reacción adversa de parte de la familia, preocupada por si les afectaría la tajada de herencia que esperaban recibir en el futuro. De Igarzabal, dicen sus nietas, es dueño de un campo de unas 300 hectáreas en la localidad bonaerense de San Pedro y una casa en Pinamar, además de la mansión de Gaspar Campos, entre otras propiedades. El expediente 161/2013 tramita en el Juzgado Civil N° 1 de San Isidro. El ex camarista, a través de su defensa, respondió que el delito estaba prescripto y por ende no les correspondía ninguna indemnización. Dos de las nietas, entonces, fueron a verlo a su casa para expresarle su enojo por los abusos y por su actitud frente a la demanda. Les abrió la puerta su abuela “Lita”. Y al conocer el motivo de la visita, les dijo que subieran. En la misma habitación donde tantas veces fueron abusadas, las dos jóvenes le dijeron a su abuelo lo que no pudieron decirle antes. El “se hizo el sordo”, contó una de ellas. “No me importaba su respuesta. Poder decir lo que yo tenía adentro fue una forma de sanación para mí”, describió la otra joven. Tienen todavía las heridas abiertas, aunque están en proceso de recuperación –dicen– después de sufrir tantos años los abusos sexuales de parte de su abuelo.
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